Más de setenta años después de la Guerra Civil, diversas asociaciones y familiares de víctimas siguen buscando restos de personas ejecutadas por los franquistas, casi con sus propios medios y sin apenas ayuda oficial del Estado o de la judicatura.
"Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios", dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Desde 2006, el Gobierno socialista ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones se dedicaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.
La ley "sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas", según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.
La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
"Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos", explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa.
"No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos" en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.
Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares. "Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos", dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.
Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial. Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente "cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo", critica Macías.
Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero "los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas", afirma. La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.
"Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel.
Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).
Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes "y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada", sentenció.
Fuente: AFP
Autor: Gabriel Rubio
Fecha: 18/11/2010
"Esto se está haciendo muy lentamente y con pocos medios", dice a la AFP Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).La búsqueda y exhumación de los cuerpos se lleva a cabo con los medios de cada asociación, mientras el Estado sólo prevé reparaciones simbólicas para las víctimas y subvenciones para las actividades de las asociaciones, hasta un máximo de 60.000 euros por organización, merced a la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Desde 2006, el Gobierno socialista ha destinado un total de 19,4 millones de euros al desarrollo de la ley, de los que 5,9 millones se dedicaron a exhumaciones y el resto a homenajes, exposiciones, estudios, etc.
La ley "sirve para (reconocer) nacionalidades, para los brigadistas internacionales, para garantizarles los mismos derechos que a cualquier combatiente español, para arreglar algún tema de los hijos y nietos del exilio (a 93.344 de ellos se ha concedido la nacionalidad española) y dar un certificado de víctimas", según Macías, que critica su escasa operatividad práctica en las exhumaciones.
La ARMH fue pionera hace diez años en la apertura de fosas y desde entonces ha abierto más de 150 y exhumado más de 1.500 cadáveres, los últimos esta semana, cuando el sábado se cumplen 35 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
"Entre todas las asociaciones se habrán sacado unos 5.000 cuerpos", explica el arqueólogo de la ARMH René Pacheco, que dirige la exhumación de siete asesinados en noviembre de 1936, apenas cuatro meses después del inicio de la contienda española en Calzada de Oropesa.
"No habremos sacado ni un 10% de las (personas) que están enterradas. Se calcula que hay entre 105.000 y 130.000 desaparecidos" en fosas en España, añadió Pacheco, de 27 años, que dirige a un grupo de voluntarios que buscan con cuidado los cuerpos.
Los restos de Alberto García Simón, Manuel Gutiérrez Castaño, Antolín Gutiérrez Castaño, Germán Sarro García, Francisco Herreruela Arroyo, Lorenzo Polo Hernández y Enemesio Hernández Alvarez, vecinos del pueblo de Las Ventas de San Julián, van saliendo a la luz ante la emoción de algunos familiares. "Estoy contenta, aunque apenas lo recuerdo. Ahora vamos a poder sepultarlos", dice a la AFP Paula Polo González, de 78 años, que tenía cuatro cuando mataron a su padre, Lorenzo Polo.
Al igual que en la mayoría de los casos, el proceso de búsqueda se inició con algún familiar, que se suele dirigir a la ARMH enviándole información que se completa con investigación en archivos, entrevistas personales, etc, pero sin ayuda oficial o judicial. Pocos jueces se personan en el lugar cuando se descubre una fosa, pese a que, según la legislación, un magistrado debe estar presente "cuando hay signos evidentes de violencia en unos restos encontrados en medio del campo", critica Macías.
Cada vez que se encuentran unos restos, la ARMH cursa la correspondiente denuncia ante las autoridades, pero "los jueces habrán venido unas cinco veces tras más de 150 fosas abiertas", afirma. La incertidumbre todavía existente sobre el órgano judicial competente y el caso del juez Baltasar Garzón podría explicar en alguna medida las reticencias judiciales.
"Es bochornoso que la única persona perseguida en relación a los crímenes más graves que se han cometido nunca en este país sea el juez que intentó abrir el proceso", aseguró recientemente el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel.
Garzón está en espera de juicio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por haber querido investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39).
Sin embargo, pese a estas dificultades, Macías cree que la recuperación de desaparecidos es un fenómeno imparable porque muchos de los que inician la búsqueda son jóvenes "y no es que se muera con la generación de sus abuelos o de sus padres, sino que pasa a ellos, y sus hijos van a querer hacerlo. No se puede estar como si no hubiera pasado nada", sentenció.
Fuente: AFP
Autor: Gabriel Rubio
Fecha: 18/11/2010
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