La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se enfrenta a una posible multa de entre 60.101 y 300.506 euros por la apertura de una fosa común en Valderarnero (Calatayud) el pasado 17 de julio.
El Gobierno de Aragón les ha enviado una carta advirtiéndoles de que al exhumar los restos de dos fusilados de la Guerra Civil sin la autorización del Director general de Patrimonio Cultural han podido cometer una "infracción grave" sancionada con multas de hasta 300.506 euros.
En su carta, fechada el pasado 24 de julio, el Gobierno aragonés daba un plazo de 20 días hábiles a la asociación para enviarles un informe detallado de sus actuaciones a fin de valorar "la posible incoación de un expediente sancionador". Ese plazo expiró el pasado viernes.
El vicepresidente de la asociación, Santiago Macías, confía en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. "Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de ésta y de todas las fosas. En este caso, pedimos permiso al Ayuntamiento de Calatayud, que además, era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio".
POSIBLE SANCIÓN ASOCIACIÓN MEMORIA
La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, remitió a finales del pasado mes de julio una carta a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica con el fin de conocer si el colectivo ha cometido una infracción de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con la exhumación de una fosa común en localidad de Calatayud. Según la citada legislación: “El patrimonio cultural aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas”.
Para la ARMH es lamentable que el Gobierno de Aragón quiera tratar la exhumación de una fosa común, promovida en este caso por la hija de uno de los fusilados, Esther Tabuenca, como si se tratara de un resto arqueológico anónimo que no fuera consecuencia de un delito permanente; uno de los más graves que se recogen en el derecho internacional humanitario.
Para el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que coordinó la exhumación: “La ley del patrimonio aragonés engloba a un importante número de intereses pero no cita los dos más importantes con respecto a las fosas de los desaparecidos bajo la represión franquista: el interés humano, de ayudar a familiares que han padecido maltrato por parte de las instituciones que no les ayudan; y el interés por hacer justicia y reparar el daño que causaron los asesinos. Querer tratar una fosa con seres humanos, con hijos que quieren darles a sus padres una sepultura digna, como si fueran teselas de un mosaico, es una falta de humanidad.”.
La carta firmada por el director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, solicita a la ARMH un informe de la exhumación llevada a cabo en la localidad de Calatayud con “el fin de valorar la posible incoación de un expediente sancionador”.
La ARMH valora que el Gobierno de Aragón esté incumpliendo su propio Estatuto, que en su artículo 6, correspondiente a los derechos y Libertades asegura que: “Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto”. La legislación humanitaria que trata del compromiso de las instituciones democráticas con la erradicación de las desapariciones forzadas en numerosa: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Resolución de Naciones Unidas 47/133 sobre Desaparición Forzada, de 18 de diciembre de 1992, etc…
Los familiares de los desaparecidos bajo la represión franquista en Aragón carecen de la protección de su Gobierno autónomo y por eso se ven obligados a acudir a colectivos que organicen la búsqueda de los desaparecidos. La ARMH ha llevado a cabo varias exhumaciones en Aragón (Arándiga, Illueca y Calatayud, de donde se han recuperado en total los restos de 28 personas) y tratará de seguir haciéndolo siempre que un familiar lo solicite. Y esperemos que en algún momento esas búsquedas se hagan con la ayuda del Gobierno de Aragón, a cuya disposición pone la ARMH toda su experiencia (cerca de 150 exhumaciones).
Autor: Natalia Junquera
Fuente: El País
Fecha: 25/08/2009
El Gobierno de Aragón les ha enviado una carta advirtiéndoles de que al exhumar los restos de dos fusilados de la Guerra Civil sin la autorización del Director general de Patrimonio Cultural han podido cometer una "infracción grave" sancionada con multas de hasta 300.506 euros.En su carta, fechada el pasado 24 de julio, el Gobierno aragonés daba un plazo de 20 días hábiles a la asociación para enviarles un informe detallado de sus actuaciones a fin de valorar "la posible incoación de un expediente sancionador". Ese plazo expiró el pasado viernes.
El vicepresidente de la asociación, Santiago Macías, confía en que el Gobierno de Aragón no cumpla su amenaza. "Si lo hace, estará castigando a los familiares de las víctimas, que son los que promueven la apertura de ésta y de todas las fosas. En este caso, pedimos permiso al Ayuntamiento de Calatayud, que además, era propietario del terreno donde se encontraba el enterramiento clandestino y nos lo dio".
POSIBLE SANCIÓN ASOCIACIÓN MEMORIA
La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón, remitió a finales del pasado mes de julio una carta a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica con el fin de conocer si el colectivo ha cometido una infracción de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con la exhumación de una fosa común en localidad de Calatayud. Según la citada legislación: “El patrimonio cultural aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas”.
Para la ARMH es lamentable que el Gobierno de Aragón quiera tratar la exhumación de una fosa común, promovida en este caso por la hija de uno de los fusilados, Esther Tabuenca, como si se tratara de un resto arqueológico anónimo que no fuera consecuencia de un delito permanente; uno de los más graves que se recogen en el derecho internacional humanitario.
Para el vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, que coordinó la exhumación: “La ley del patrimonio aragonés engloba a un importante número de intereses pero no cita los dos más importantes con respecto a las fosas de los desaparecidos bajo la represión franquista: el interés humano, de ayudar a familiares que han padecido maltrato por parte de las instituciones que no les ayudan; y el interés por hacer justicia y reparar el daño que causaron los asesinos. Querer tratar una fosa con seres humanos, con hijos que quieren darles a sus padres una sepultura digna, como si fueran teselas de un mosaico, es una falta de humanidad.”.
La carta firmada por el director general de Patrimonio, Jaime Vicente Redón, solicita a la ARMH un informe de la exhumación llevada a cabo en la localidad de Calatayud con “el fin de valorar la posible incoación de un expediente sancionador”.
La ARMH valora que el Gobierno de Aragón esté incumpliendo su propio Estatuto, que en su artículo 6, correspondiente a los derechos y Libertades asegura que: “Los derechos y libertades de los aragoneses y aragonesas son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos internacionales de protección de los mismos suscritos o ratificados por España, así como los establecidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma por el presente Estatuto”. La legislación humanitaria que trata del compromiso de las instituciones democráticas con la erradicación de las desapariciones forzadas en numerosa: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, Resolución de Naciones Unidas 47/133 sobre Desaparición Forzada, de 18 de diciembre de 1992, etc…
Los familiares de los desaparecidos bajo la represión franquista en Aragón carecen de la protección de su Gobierno autónomo y por eso se ven obligados a acudir a colectivos que organicen la búsqueda de los desaparecidos. La ARMH ha llevado a cabo varias exhumaciones en Aragón (Arándiga, Illueca y Calatayud, de donde se han recuperado en total los restos de 28 personas) y tratará de seguir haciéndolo siempre que un familiar lo solicite. Y esperemos que en algún momento esas búsquedas se hagan con la ayuda del Gobierno de Aragón, a cuya disposición pone la ARMH toda su experiencia (cerca de 150 exhumaciones).
Autor: Natalia Junquera
Fuente: El País
Fecha: 25/08/2009
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