Hay 1.793 excavaciones a falta del recuento total de Andalucía y Cataluña.
"Puedo adelantarle que muy pronto podremos ver a la luz ese mapa con un aplicativo informático accesible para todos los ciudadanos de este país y que, además, según tengamos mayor información y se nos suministre, se irá actualizando, día a día, de manera permanente". Así zanjó ayer en el Congreso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el debate sobre el balance de las actuaciones del Gobierno sobre la ley de Memoria Histórica. Se refería Caamaño al mapa integrado de fosas, previsto en el artículo 12.2 de esa ley, y que se está cerrando en estos días con las comunidades autónomas que han firmado los convenios de colaboración con el ministerio. Todas las comunidades, menos las gobernadas por el PP.
El Ejecutivo tiene listo ese mapa desde hace días y su presentación pública se producirá en breve. Cuestión de semanas. Habrá una página web pública y abierta, a la que los interesados podrán recurrir para conocer la localización casi exacta de cada fosa. A día de ayer estaban perfectamente registradas 1.793 excavaciones. Tan localizadas como para saber su latitud y longitud exactas. La web no facilitará esas coordenadas para evitar problemas, porque algunas de esas fosas están ubicadas en fincas o propiedades privadas. Pero sí se detallarán los municipios.
El dato final del mapa de fosas ascenderá algo sobre esa cifra, porque faltan por cerrar con las asociaciones de memoria algunas excavaciones de Cataluña y Andalucía. Pero con esas comunidades no está habiendo ningún tipo de problema de colaboración. Y en este asunto, después de varios años de debate y retrasos en el cumplimiento de la ley, lo que se pretende ahora es primar el rigor antes que la precipitación.
Los problemas se están registrando con las comunidades gobernadas desde el PP. El pasado 25 de enero, Justicia firmó convenios específicos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura y el País Vasco.
En el ministerio lamentan la nula cooperación hasta ahora de los Ejecutivos autonómicos del PP. Tanto cuando se les ofreció firmar los convenios de colaboración para el mapa de fosas como cuando se les requirió para suscribir el protocolo de exhumaciones, ninguna de las comunidades gobernadas por el PP siquiera contestó. Y especialmente significativo ha sido el desinterés del Ejecutivo de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre. En este caso, han sido las asociaciones de memoria histórica en esta región las que han facilitado datos más o menos precisos de más de 40 localizaciones.
"No se trata de exhumar la venganza, sino de reparar el daño que se haya podido causar", ha subrayado Francisco Caamaño para justificar la aceleración que se quiere imprimir ahora a estas actuaciones, tras unos años de titubeos y de diferentes posiciones internas en el Gobierno. Y también para negar cualquier interés electoral o partidista, como el que ayer mismo le achacó la secretaria general de PP. María Dolores de Cospedal acusó en la Cope al Ejecutivo de "abrir heridas para sacar votos". Y remachó: "Quizá una movilización ideológica de su electorado, volver a hablar de los unos y los otros, y volver a hablar de la Guerra Civil y de los de un lado y de los del otro, le puede dar rentabilidad política a Zapatero".
Autor: J. Casqueiro / L.R. Aizpeolea
Fuente: El País
Fecha: 29/04/2010
"Puedo adelantarle que muy pronto podremos ver a la luz ese mapa con un aplicativo informático accesible para todos los ciudadanos de este país y que, además, según tengamos mayor información y se nos suministre, se irá actualizando, día a día, de manera permanente". Así zanjó ayer en el Congreso el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el debate sobre el balance de las actuaciones del Gobierno sobre la ley de Memoria Histórica. Se refería Caamaño al mapa integrado de fosas, previsto en el artículo 12.2 de esa ley, y que se está cerrando en estos días con las comunidades autónomas que han firmado los convenios de colaboración con el ministerio. Todas las comunidades, menos las gobernadas por el PP.El Ejecutivo tiene listo ese mapa desde hace días y su presentación pública se producirá en breve. Cuestión de semanas. Habrá una página web pública y abierta, a la que los interesados podrán recurrir para conocer la localización casi exacta de cada fosa. A día de ayer estaban perfectamente registradas 1.793 excavaciones. Tan localizadas como para saber su latitud y longitud exactas. La web no facilitará esas coordenadas para evitar problemas, porque algunas de esas fosas están ubicadas en fincas o propiedades privadas. Pero sí se detallarán los municipios.
El dato final del mapa de fosas ascenderá algo sobre esa cifra, porque faltan por cerrar con las asociaciones de memoria algunas excavaciones de Cataluña y Andalucía. Pero con esas comunidades no está habiendo ningún tipo de problema de colaboración. Y en este asunto, después de varios años de debate y retrasos en el cumplimiento de la ley, lo que se pretende ahora es primar el rigor antes que la precipitación.
Los problemas se están registrando con las comunidades gobernadas desde el PP. El pasado 25 de enero, Justicia firmó convenios específicos de colaboración con las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Extremadura y el País Vasco.
En el ministerio lamentan la nula cooperación hasta ahora de los Ejecutivos autonómicos del PP. Tanto cuando se les ofreció firmar los convenios de colaboración para el mapa de fosas como cuando se les requirió para suscribir el protocolo de exhumaciones, ninguna de las comunidades gobernadas por el PP siquiera contestó. Y especialmente significativo ha sido el desinterés del Ejecutivo de Madrid, dirigido por Esperanza Aguirre. En este caso, han sido las asociaciones de memoria histórica en esta región las que han facilitado datos más o menos precisos de más de 40 localizaciones.
"No se trata de exhumar la venganza, sino de reparar el daño que se haya podido causar", ha subrayado Francisco Caamaño para justificar la aceleración que se quiere imprimir ahora a estas actuaciones, tras unos años de titubeos y de diferentes posiciones internas en el Gobierno. Y también para negar cualquier interés electoral o partidista, como el que ayer mismo le achacó la secretaria general de PP. María Dolores de Cospedal acusó en la Cope al Ejecutivo de "abrir heridas para sacar votos". Y remachó: "Quizá una movilización ideológica de su electorado, volver a hablar de los unos y los otros, y volver a hablar de la Guerra Civil y de los de un lado y de los del otro, le puede dar rentabilidad política a Zapatero".
Autor: J. Casqueiro / L.R. Aizpeolea
Fuente: El País
Fecha: 29/04/2010
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